MIAMI: ¿SE ACABAN LAS VACACIONES DE LOS REFUGIADOS?

Ernesto Pérez Castillo

Un anuncio reciente del presidente Raúl Castro ha puesto los pelos de punta a los que en Miami quieren impedir a toda costa que se normalice la migración cubana.

En su discurso del primero de agosto ante el Parlamento de la Isla, el General de Ejército informó: “En la senda de reducir prohibiciones y regulaciones (…) que jugaron su papel en determinadas circunstancias y después perduraron innecesariamente (…) nos encontramos trabajando para instrumentar la actualización de la política migratoria vigente (…) ajustándolas a las condiciones del presente y el futuro previsible”.

Algo así no puede sino ser una buena noticia, a más que esperada y necesaria, para todos los cubanos, y es justo todo lo contrario de lo que desean los que malquieren a los cubanos.

Por lo pronto, y sin esperar siquiera un día, el propio primero de agosto el representante republicano de la Florida David Rivera adelantó un proyecto de ley para que el Departamento de Seguridad Interna vigile más de cerca a los beneficiarios de la Ley de Ajuste Cubano –vigente desde 1966, y que da estatus de refugiado político a los cubanos que ingresen de manera ilegal a territorio norteamericano– para que se les cancelen los privilegios que dicha ley les concede si visitan aunque fuere una sola vez la Isla antes de cumplir un mínimo de cinco años a partir de su entrada a los Estados Unidos.

Además de la perversión evidente, esa iniciativa de Rivera oculta una mala leche que apesta de lejos, pues precisamente esos cinco años son los que se deben esperar para obtener la ciudadanía norteamericana, y una vez concluido el plazo y adoptada dicha ciudadanía, los cubanos sentirían sobre sí el peso de la espada de Damocles de la Cuban Assets Control Regulations de 1963, basada en la Trading With the Enemy Act, que en la practica prohíbe a los ciudadanos norteamericanos viajar a Cuba.

Así las cosas, lo que David Rivera propone de facto es que los cubanos recién llegados, primero, no viajen a la Isla durante cinco años en cumplimiento de su ley, y luego nunca jamás, en cumplimiento de la ley de 1963.

Lo original del proyecto de Rivera es que, justo en el momento en que Cuba anuncia que flexibilizaría los trámites de viaje –algo que se le ha reclamado al gobierno cubano desde siempre–, el representante republicano pretende abolir esos viajes de raíz.

Encima, quienes a partir de entonces se acojan a los privilegios de la Ley de Ajuste Cubano, serían rehenes del gobierno norteamericano, al menos durante cinco años: una especie de “refugiados políticos forzados” por el país que les “protege”.

Tal proyecto ha puesto en tres y dos a la contrarrevolución interna, como es el caso de la mercenaria Yoani Sánchez, quien opinó en contra del proyecto de Rivera: “Esas personas se convierten en embajadores democráticos y de libertad”, pero no dice una coma de que para ello deben violar las leyes, ser carne del criminal tráfico humano y exponer sus vidas frente las olas en el estrecho de La Florida.

En todo caso, la cifra de cubanoamericanos que solo en el año anterior pasearon por Cuba se eleva a más de 320 000, y esos son muchos más “embajadores democráticos y de libertad” que los que Yoani quisiera.

Otro que no sabe dónde poner el huevo es el plusmarquista de las huelgas de hambre, Guillermo Fariñas, pues según él: “Desde el punto de vista ético no deben regresar a Cuba hasta que el gobierno no caiga”. Cuando él habla de ética, no se sabe de lo que habla, pero lo cierto es que nadie sabe cómo se come el asunto de que los refugiados políticos vayan por miles a vacacionar al país que supuestamente les persigue.

Así lo ha dicho el Jaime Suchlicki, director del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami: “no creo que sea correcto que los cubanos vayan a pasear o divertirse en Cuba si han salido recientemente como refugiados”.

Lo que verdaderamente les duele del proyecto de Rivera es que cuestiona en profundidad el carácter de refugiados y perseguidos políticos de los cubanos que arriben a los Estados Unidos, y por tanto debilitaría a una de las principales armas que han tenido desde siempre en Miami para atacar a la revolución.