LA BONDAD IMPERIAL

Ernesto Pérez Castillo

Un comentario reciente en la BBC afirma que “La escasez del pentotal sódico – barbitúrico de acción rápida como agente anestésico, que se incluye en la inyección letal que reciben los condenados a muerte– está causando un atasco de ejecuciones” en los Estados Unidos.
Para el martes estaba prevista la ejecución de Jeffrey Landrigan, pero ha sido suspendida luego que una jueza cuestionó “el buen estado del sedante”, lo cual infligiría gran dolor al condenado, a causa de la contaminación del medicamento.
Ante la escasez nacional del barbitúrico, la defensa de Landrigan interpuso una moción para conocer si Arizona se apartó de las regulaciones de la Administración Federal de Drogas y Alimentos, presumiendo la comisión de actos irregulares por parte del Estado para hacerse de la droga, y las autoridades se niegan rotundamente a confesar dónde y cómo la consiguieron.
Junto al pentotal sódico, quien va a morir también es inoculado con bromuro de pancuronio, un paralizante muscular que al detener el diafragma imposibilita la respiración: 100 mg de bromuro de pancuronio bastan para provocar la muerte por asfixia.
Los efectos del uso de este paralizante son tan horribles que, vaya cosa, existen leyes norteamericanas que prohíben su uso en el sacrificio de animales…
Encima, el protocolo de ejecución incluye una tercera sustancia, el cloruro potásico, que causará un paro cardiaco al condenado.
O sea, a usted le pinchan y le meten dentro un anestésico de dudosa procedencia, probablemente contaminado y por tanto inefectivo, junto a una sustancia que hasta los veterinarios prohíben por sus terribles efectos demostrados y luego otro veneno para detenerle dolorosamente el corazón.
Incluso la muy cuestionada Amnistía Internacional ha exigido la derogación de la pena de muerte en los Estados Unidos, quien tiene además el récord de ser la única nación del continente americano que ordenó ejecuciones en el 2009.
Y todo eso en el país que se jacta de ser la más grande democracia del mundo, y que hace causa contra Cuba con el pretexto de defender los derechos humanos.